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viernes, 24 de agosto de 2007

Agenda UBA: Tendencias y desafíos para la protección de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en Argentina

Tendencias y desafíos para la protección de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en Argentina

Del 25 al 27 de septiembre de 2007 en el Salón Auditórium de la Facultad de Derecho

Pre-Congreso del "III Congreso Mundial sobre Derechos de la Niñez y la Adolescencia", 14 al 19 de noviembre de 2007, Barcelona.

Conferencistas: Silvia Bleichmar, Graciela Frigerio, Eva Giberti, Mónica Pinto y Aída Kemelmajer de Carlucci.

Temas de las Comisiones:

La reconstrucción de la protección jurídica de la infancia.
El derecho a vivir en familia de niños, niñas y adolescentes.
Medidas de protección a niños, niñas y adolescentes y sus familias.
Revisiones críticas sobre el abordaje de las distintas formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes a la luz del estudio mundial.
Intervenciones institucionales en la protección de derechos. Competencia y mecanismos de articulación entre organismos administrativos y jurisdiccionales.
Se organizarán talleres de trabajo simultáneos.

Organizan: Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires - Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y UNICEF.

Entrada libre y gratuita previa inscripción. Se expedirán certificados de asistencia a quienes asistan al 80% de las actividades.

Pre-inscripción e información: Carrera de Especialización en Derecho de Familia y Maestría en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia, Posgrado, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires.
masterfamilia@derecho.uba.ar y cedfamilia@derecho.uba.

jueves, 16 de agosto de 2007

Exámenes - Derecho Internacional Público - Cátedra: Castillo - Negro (UBA)

Parcial primer cuatrimestre 2007.

1- multiple choice sobre los casos vistos en clases
2- doctrina Tobar y Betancourt
3- Ejemplos de paices exigus

4- caso sobre beligerantes

Resumen de Fallos: Herengus S.A. c/ Pcia. de Santa Cruz s/ inconstitucional (ley prev. 2144) (1994)

HECHOS: Herengus SA, su principal objeto es la captura de langostinos, merluza, calamar y otras especies aptas para el consumo humano, en especial, para su exportación, actividad q realiza dentro de los Golfos Nuevo y San Jorge (de jurisdicción pcial. Y donde se pagan los correspondientes permisos y tributos) y en mar abierto, de jurisdicción nacional, cumpliendo con los requisitos de preservación de recursos establecidos por autoridades nacionales o provinciales.
La pcia. de Santa Cruz mediante la ley 2144 reivindica para sí el dominio del mar territorial hasta una distancia de 200 millas marinas, contradiciendo los límites establecidos por a ley nacional 18.502. Como consecuencia de esta legilación provincial, en 1991, se le informó a las empresas pesqueras q para renovar sus permisos de pesca provinciales debían acompañar el comprobante de pago correspondiente a las capturas realizadas en las 200 millas marinas q la provincia reivindica como de su dominio.

Parte actora: Herengus SA inicia demanda contra la Pcia. de Santa Cruz para q se declare la inconstitucionalidad de la ley 2144. Alega q la actividad q esta empresa lleva a cabo se encuentra regulada por un conjunto normativo (leyes 17.094, q reivindica la soberanía nacional de la Nación sobre el mar adyacente hasta las 200 millas marinas, la 17.500, q establece q los recursos del mar territoria argentino son propiedad del Estado Nacional y la 18.502, q define la jurisdicción q distribuye entre la nación y Pcias.), del cual se puede deducir el dominio exclusivo de las provincias dentro de las 3 millas adyacentes a sus costas o de 12 millas entre cabos y el dominio exclusivo de la Nación entre las 3 millas hasta las 200 millas. En cuanto a la jurisdicción, es exclusiva de la Nación dentro de estos últimos límites, y concurrente entre Nación y Provincias en las 3 millas adyacentes a la costa.

Parte demandada: La provincia de Santa Cruz niega q la legislación provincial cuestionada afecte principios constitucionales y sostiene q fue dictada de acuerdo a las atribuciones q le son propias y en ejercicio de derechos q le corresponden como autoridad provincial dentro del régimen federal. También platea la inconstituionalidad de la ley nacional 20.136, expresa q la dejar de ser territorio nacional, la ley 14.408 fijó los límites de la pcia., pasando a formar parte de su dominio público los mares territoriales hasta la distancia q detemina la legislación especial y agrega q las pcias., según la CN, conservan el poder no delegado a la Nación. A ésta sólo le fue cedido lo concerniente a la navegación, de manera q lo realito a la pesca q tenga lugar dentro del dominio público provincial no puede ser reglamentado por la autoridad nacional (“la pesca no está dentro de las materias q según la Constitución son de jurisdicción federal y solo puede caer bajo el control nacional si se afecta el comercio marítimo o interprovincial.”)

Estado Nacional (Subsecretaria de agricultura, ganadería y pesca): afirma q el interés de la Nación surge del hecho de estar comprometida su competencia como autoridad de la política nacional pesquera y su responsabilidad en la administración de los recursos naturales del mar argentino. Estos recursos deben ser fiscalizados y controlados para su adecuado manejo y racional explotación. Estos propósitos pueden debilitarse si se dividen las responsabilidades entre nación y provincias, es el Estado nacional quien tiene la capacidad y los medios idóneos para ordenar una política sobre la actividad pesquera, ésto escapa a las facultades de las provincias. Pide se declare la inconstitucionalidad de la ley provincial 2144.

CSJN: tema a tratar, si la ley provincial 2144 y la actividad fiscal de la demandada avanzan sobre cuestiones reservadas a la autoridad nacional (establecidas por la Const. Nac.)
Ley 17.094, ésta extendió la soberanía marítima nacional hasta la distancia de 200 millas marinas, se hizo hincapié en la necesidad de establecer límites debido a las actividades extractivas desarroladas por naves extranjeras en ese sector.
Ley 17.500, recogió lo establecido por la anterior y procuró crear los estímulos necesarios para q se estructure una industria poderosa y eficiente. Dispuso, en su art. 1 q los recursos del mar territorial argentino son propiedad del Estado Nacional; éste podría conceder su explotación.
Ley 20.136, sustituye algunos arts. De la ley anterior, y reiteró el principio de asegurar la conservación de los recursos pesqueros mediante una racional utilización y el aumento de la producción, puesto q la actividad pesquera es un recurso nacional con perpectivas internacionales.
Orden internacional: la Argentina adhirió a la Convención de los derechos del Mar q delimitó el área conocida como zona económica exclusiva a se extiende hasta las 200 millas marinas de las cosas ribereñas.
La pesca esta relacionada en forma directa y vital con fines federales de máxima jerarquía, la cual encuadra en la regulación del comercio contenida por el art 67, inc 12 CN (antes de la reforma) y su ejercicio compromete otras facultades del Congreso de la Nación, como por ejemplo, la regulación de la navegación marítima. Si se reconoce la validez de la legislación provincial, también se estaría vulnerando el inc. 16 de art. 67, el poder de reglar el comercio exterior concebido como medio de promoción del bienestar general. Como así tambien el inc. 14, q otorga al Congreso la potestad de fijar los límites terriroriales de las pcias.
Se declara la inconstitucionalidad de la ley local 2144, puesto q va en contra de la supremacía contenida en el art. 31 CN. Se hace lugar a la dda.

Resumen de Fallos: Wilner c/ Osswald

FALLO WILNER C/ OSSWALD
(DCHO A LA FAMILIA)


-VOTO MAYORIA-

HECHOS:

(C.4 del fallo) Los padres de la niña se casaron en Buenos Aires el 3 de diciembre de 1985 y llegaron al Canadá en marzo de 1986. La menor, de 4 años de edad al tiempo del acto que dio origen al litigio, nació en Guelph, Provincia de Ontario, Canadá, el 6 de febrero de 1990. La niña vivía con sus padres en una residencia universitaria para estudiantes casados y asistía al jardín de infantes. La menor tenía recuerdos positivos de ese período de su vida, "lazos afectivos con personas, objetos y ámbitos a los que permanece ligada". En su presentación, la señora Osswald cuestionó el encuadramiento jurídico de la estadía de ella y del señor Wilner en Canadá, pero no el hecho de esa misma estancia. El relato que aquélla efectuó ante la asistente social ratifica estos datos. En cuanto al padre, consta que gozaba de la residencia propia de su condición de estudiante, que le fue renovada periódicamente durante ocho años, y que trabajaba en la universidad. En la entrevista de que da cuenta el informe que se encuentra en la causa, la madre de la niña afirmó que a fines del año 1993 decidió venir a Buenos Aires a pasar las "fiestas" con su familia, información coincidente con las manifestaciones de Eduardo Wilner . El padre sostuvo -sin que se opusiera contradicción- que tomó conocimiento el 6 de enero de 1994 de la decisión de la madre de no regresar al Canadá y de
permanecer con la niña en la República Argentina. En febrero de 1994 el señor Wilner solicitó la asistencia de la autoridad central correspondiente a la Provincia de Ontario, para reclamar la restitución de la menor en los términos de la Convención de La Haya. El 7 de marzo de ese año se dictó una decisión judicial en la Corte de Ontario , que atribuyó la custodia de la niña a su padre. Finalmente, consta que el 21 de marzo de 1994 la autoridad central de la República Argentina presentó el pedido de restitución ante el juez local.

(resumente de diversos medios) Eduardo Wilner y Gabriela Osswald eran una pareja de nacionalidad argentina que viajó hace años a Canadá donde él cursaba estudios de posgrado, y allí nació Daniela Wilner. Tiempo después de que la relación de la pareja se deterioró, se separaron y comenzaron los problemas por la tenencia de la niña.
Todo empezó en 1993 cuando la pareja decidió separarse. En Diciembre de ese año Osswald decidió volver a la Argentina con su hija.
En Enero de 1994, sin que Osswald lo supiera, su ex esposo inició un juicio de tenencia. En Marzo , el tribunal canadiense falló a favor de Wilner.
Un año después, en Marzo de 1995, después de que la Justicia argentina ratificó el fallo, Gabriela Osswald fue a la Corte. El caso invadió los medios de comunicación. En Abril de ese año, por pedido expreso del presidente Carlos Menem, el Gobierno ofreció mediar (aunque con la intención de que la niña permaneciera en Argentina), pero la pareja no se puso de acuerdo. En Junio, la Corte decidió la restitución de la nena a su padre.

En Febrero de 1996, un Tribunal de Canadá resolvió que la niña quede a cargo de su madre durante ocho meses en tanto que pasa con su padre cuatro meses al año. La diferencia se fundó en la circunstancia de que Daniela debe concurrir a la escuela.


PRIMERA INSTANCIA – CAMARA - QUEJA:

La Sala G de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó lo resuelto en la instancia anterior e hizo lugar al pedido de restitución de la niña D.W. instado por su padre, el señor Eduardo Wilner, mediante el procedimiento establecido en la Convención de La Haya de 1980 sobre aspectos civiles del secuestro internacional de niños. Contra dicha decisión, la madre de la menor
interpuso el recurso extraordinario, cuya denegación dio origen a la queja.

La apelación, no obstante las serias deficiencias de fundamentación que presenta -que no pueden subsanarse en la queja, resulta admisible por cuanto, mínimamente, presenta dos agravios federales que abren la competencia del Tribunal. En efecto, por una parte, la recurrente invoca hallarse en estado de indefensión frente a una sentencia extranjera violatoria de su derecho de defensa, y la decisión ha sido adversa a los argumentos que sustentó directamente en el art. 18 de la Constitución Nacional. Además, también suscita cuestión federal el agravio relativo a la aplicación que los jueces de la causa han hecho de la Convención de La Haya, reglamentaria del principio del
interés superior del niño contenido en un tratado internacional de jerarquía constitucional, como es la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 11 de
esta Convención), en el cual fundó su pretensión la apelante, lo que entraña la necesidad de interpretar las normas federales en juego.
en tales condiciones, conviene recordar que cuando se encuentra en debate el alcance que cabe asignar a una norma de derecho federal, el Tribunal no se encuentra limitado en su decisión por los argumentos de la partes o del a quo, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado.


DEMANDADA (OSSWALD):

(C.5/6/7 del fallo) 1º Agravio federal: ART 18 CN “debido proceso): relativo a la negativa de la Cámara a valorar la sentencia dictada por la Corte de Ontario la ha colocado en estado de indefensión con grave lesión a la garantía del debido proceso, puesto que ha soslayado la verificación de los requisitos necesarios en jurisdicción argentina para el reconocimiento de una decisión extranjera y, en los hechos, esa prescindencia ha implicado dar efecto a un pronunciamiento dictado por un juez incompetente en un trámite donde no tuvo posibilidad de defenderse.
El reproche revela desconocimiento de la materia debatida en el presente litigio, esto es, un pedido de retorno de la menor mediante el procedimiento establecido en la Convención de La Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, adoptada en la Conferencia de La Haya del 25 de octubre de 1980, aprobada por ley 23.857, vigente en la República Argentina a partir del 1 de junio de 1991, y que tiene por finalidad "garantizar la restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos de
manera ilícita en cualquier Estado contratante" (art. 1, a). No se trata, en el caso, de la ejecución de una suerte de medida cautelar dictada en un proceso judicial, sino de un procedimiento autónomo respecto del contencioso de fondo, que se instaura a través de las llamadas "autoridades centrales" de los estados contratantes. Dicho procedimiento se circunscribe al propósito de restablecer la situación anterior, jurídicamente protegida, que le fue turbada, mediante el retorno inmediato del menor desplazado o retenido ilícitamente en otro Estado contratante. Que, consecuentemente, la circunstancia de haberse dictado el recordado fallo por la Corte de Ontario –que en copia se ha agregado como documentación adjunta a la solicitud de restitución- es irrelevante a los fines de este litigio y sólo demuestra una práctica común de los jueces consistente en otorgar automáticamente la custodia provisoria del menor al progenitor que reclama protección frente al que ha desplazado o retenido indebidamente al hijo. El derecho del padre de obtener el regreso de la menor al lugar de la residencia habitual anterior a la retención ilícita, "preexistía a toda decisión judicial y no necesitaba de ninguna manera la intervención de un magistrado"


(C.9 del fallo) 2º Agravio federal: Que el segundo agravio que suscita materia federal es la alegada contradicción entre el principio consagrado en el art. 3, párrafo 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño -aprobada por ley 23.849, que reviste jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia, según el art. 75, inciso 22, párrafo segundo, de la Constitución Nacional-, y el modo en que los jueces de la causa han aplicado la Convención de La Haya, que, a juicio de la recurrente, importó un total desconocimiento de los principios
que en materia de menores integran el orden público internacional argentino.
El precepto que la apelante considera violentado expresa: "En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los organismos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño" (art. 3.1. de la Convención sobre los Derechos del Niño).


CORTE – C.10 a 21:

(C. 10) Interpretación: el mandato transcripto se dirige a los tribunales de todas las instancias llamados al juzgamiento del sub lite, y orienta la interpretación que deba darse a un convenio internacional que, como la Convención de La Haya, fue suscripto, ratificado y aplicado por el Estado Nacional en el profundo convencimiento de que "los intereses del menor son de una importancia primordial para todas las cuestiones relativas a su custodia". Esa declaración, incluida solemnemente en el preámbulo de la Convención de La Haya, inspira el procedimiento instaurado en su texto, destinado a implementar una exigencia que la comunidad internacional formuló en la década de los años setenta: la
protección del derecho esencial del niño a no ser desarraigado por una vía de hecho de su medio habitual de vida familiar y social. La Convención parte de la
presunción de que el bienestar del niño se alcanza volviendo al statu quo anterior al acto de desplazamiento o de retención ilícitos.

(C.11) Interés superior del Niño: Convención de La Haya preserva el interés superior del niño mediante el cese de la vía de hecho. La víctima de un fraude o de una violencia debe ser, ante todo, restablecida en su situación de origen. La regla cede cuando la persona, institución u organismo que se opone a la restitución demuestre que, ante una situación extrema, se impone, en aras del interés superior del niño, el sacrificio del interés personal del guardador desasido. Por ello, corresponde pronunciarse sobre las condiciones que sustentan la regla general y que son la definición convencional de la residencia habitual de la menor y del acto de turbación, en su aplicación a las circunstancias particulares del caso.

(C.12) Residencia Habitual: expresión "residencia habitual" que utiliza la Convención, se refiere a una situación de hecho que supone estabilidad y permanencia, y alude al centro de gravedad de la vida del menor, con exclusión de toda referencia al domicilio dependiente de los menores. Es, pues, errónea la interpretación de la apelante que hace depender la residencia de la niña a los fines del artículo 3, párrafo primero, "a", de la Convención de La Haya, del
domicilio real de sus padres. Desde su nacimiento, cabe reiterarlo, la menor desarrolló su vida en Guelph, Provincia de Ontario, donde estaba su ámbito familiar y social, lo cual basta para tener por configurado el presupuesto del art. 4°.

(C13) Fraude/Retención ilicita: consta en autos que el traslado de la menor con su madre a la República Argentina el 11 de diciembre de 1993 -al solo fin de pasar las "fiestas"- fue consentido por el padre y que el retorno estaba previsto para el 22 de enero de 1994. Es evidente, que fue la negativa de la madre a restituir la niña al lugar de su centro de vida habitual lo que configuró típicamente el acto de retención ilícito. La residencia habitual de un niño, en el sentido de dicho precepto, no puede ser establecida por uno de los padres, así sea el único titular del derecho de tenencia, que no es el caso de autos, en fraude de los derechos del otro padre o por vías de hecho.

(C15) Tensión entre OPI y sacrificio que es licito exigir al padre desposeído: la tensión entre los principios del orden público interno de un Estado contratante y el sacrificio que es lícito exigir al padre desposeído por las vías de hecho, en aras del interés del niño, se resuelve en el precepto contenido en el art. 20 de la Convención de La Haya, que dice: "La restitución del menor conforme a lo dispuesto en el art. 12 podrá denegarse cuando no lo permitan los principios fundamentales del Estado requerido en materia de protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales". Fue incorporado para evitar que la introducción de una cláusula -o de una reserva- por la que el Estado requerido pudiese invocar los principios de su legislación en materia de derecho de familia para oponerse a la restitución, frustrara o vaciara de contenido el sistema instaurado.

(C16) No hay violación de derechos humanos de la menor: Que, precisamente, esta resignación a la invocación del orden público interno, que la República
acepta al comprometerse internacionalmente, es la medida del sacrificio que el Estado debe hacer para satisfacer la recordada directiva del art. 11 de la Convención sobre los Derechos del Niño y procurar que la vigencia de un tratado de aplicación rápida y eficaz tenga efectos disuasivos sobre las acciones de los padres que cometen sustracciones o retenciones ilícitas en atropello de los derechos del niño y, a la vez, que se convierta en un instrumento idóneo para restablecer en forma inmediata los lazos perturbados
por el desplazamiento o la retención ilícitos. En el sub lite cabe excluir que el regreso de la menor al Canadá con su padre importe la violación o el peligro de violación de un derecho humano fundamental de la niña, habida cuenta de los informes sociológicos y psicológicos reunidos en la causa, que dan cuenta de la regularidad de los factores externos y de la calificación de ambos progenitores para garantizar la protección física y el respeto de los derechos de la niña, incluido el derecho de visita del progenitor que, en ocasión de tomarse
la decisión sobre el fondo, no reciba la tenencia.

(C17) Rapidez del caso: Que en atención a que el procedimiento se puso en marcha frente a un acto que la Convención de La Haya de ilícito, es fundamental la rapidez que se imprima al trámite, a fin de evitar que el transcurso del tiempo premie al autor de una conducta indebida, consolidando
la integración del menor a un nuevo medio. Imperativo contenido en el art. 11 de la citada Convención: "Las autoridades judiciales o administrativas de los Estados contratantes actuarán con urgencia en los procedimientos para la restitución de menores". A fin de que el paso del tiempo no desvirtúe el espíritu del tratado puesto que la integración del menor al nuevo medio no constituye un motivo autónomo de oposición, aun cuando el segundo desplazamiento fuese conflictivo.

(C18) Jerarquia de valores: Que el art. 13, párrafo primero, inciso "b", libera de la obligación de ordenar la restitución cuando: "b) Existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro físico o psíquico o que de cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable". El texto denota que en la jerarquía de valores que sustentan la Convención, el primer lugar lo ocupa el interés superior del niño, que es incluso preeminente frente a los intereses personales y muy dignos de protección del guardador desasido por las vías de hecho.
Se debe ponderar el material fáctico de la causa a efectos de no frustrar la efectividad de la Convención. La causal no apunta solamente a rechazar el regreso ante una situación de peligro externo en el país requirente -en el sub judice, inexistente-, sino también a ponderar si la reinstalación en la situación anterior a la retención ilícita coloca al menor en peligro psíquico, lo cual es un grado acentuado de perturbación, muy superior al impacto emocional que normalmente se deriva en un niño ante la ruptura de la convivencia con uno de sus padres. Está claro que la mera invocación genérica del beneficio del niño, o del cambio de ambiente o de idioma, no bastan para configurar la situación excepcional que permitiría negar la restitución




(C20) No es imperativa la consulta a la niña: no es un imperativo la consulta
directa de la voluntad de la niña. El art. 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño impone a los Estados la obligación de garantizarle el derecho a ser oído, ya sea "directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado", circunstancia satisfecha en el sub lite dada la intervención del Asesor de Menores en ambas instancias. El tomar en cuenta la opinión del niño siempre se halla supeditado a que haya alcanzado una edad y un grado de madurez apropiados (art. 13, párrafo segundo, de la Convención de La Haya; art. 12.1 de la Convención sobre los Derechos del
Niño). De los informes de la psicóloga y de la asistente social, surge que se trata de una niña "psíquicamente vulnerable y lábil debido a la edad que detenta" , que atraviesa por un estado de "confusión afectiva...por sentirse virtualmente tironeada por los reclamos de ambos padres". Ello permite concluir que hace a su interés superior el evitarle el conflicto psíquico de sentirse responsable de la elección entre uno de sus padres.
Asimismo, en lo que interesa, la posibilidad del segundo párrafo del art. 13 de la Convención de La Haya se abre ante la oposición del niño a ser restituido, es decir, ante su vehemente rechazo a regresar, determinación que no ha sido de ningún modo detectada en los estudios psicológicos efectuados en esta causa.

(C21) Resolución: Que, una vez armonizada la interpretación de la Convención de La Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de niños con los principios contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, y despejada toda colisión, le corresponde a esta Corte, como órgano supremo de uno de los poderes del Gobierno Federal, aplicar -en la medida de su jurisdicción- los tratados internacionales a que el país está vinculado
A fin de evitar que la responsabilidad internacional de la República quede comprometida por su incumplimiento, y en la convicción de que el ejercicio de la misión de los magistrados de decir el derecho vigente aplicable a los supuestos fácticos alegados, es la contribución propia del Poder Judicial a la realización del interés superior de la comunidad. Por ello, se hace lugar a la queja, se declara formalmente admisible el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada. Con costas. El Tribunal exhorta a la apelante a colaborar en la etapa de ejecución de sentencia a efectos de evitar a la menor una experiencia aún más conflictiva. Notifíquese, agréguese la queja al principal y, oportunamente.

Apuntes: Costumbre y Relaciones de derecho internacional y derecho interno

Corresponden a la materia "El Derecho Internacional Público en la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación" (Dr Bradi - UBA). Es un apunte que cita algunos fallos que corresponden a la primera parte de la materia.

Costumbre:

- Costumbre ulterior: no hay elementos para establecer que tal comportamiento desarrollado por las partes fuese una práctica constante y uniforme aceptada como derecho. No se justifica que la aludida omisión en las que habían incurrido ambos estados refleje la convicción del cumplimiento de una obligación internacional. La reiteración invariable de ciertos actos puede responder a simples motivos de tradición, conveniencia o cortesía y no a la conciencia de un deber jurídico. (MANAUTA)

Relaciones de derecho internacional y derecho interno:

- Argentina, en paz, en su derecho interno, no podrá serle opuesto ningún tratado que no esté en conformidad con los principios de derecho público establecidos en la CN (art 27). Cuando se trata de mantener la paz o de afianzar el comercio con las potencias extranjeras, se aplica la teoría dualista.
Cuando se trata de guerra en causa propia, tanto la República como el gobierno político deben respetar los tratados con rigorismo, teniendo en cuenta la máxima de que ley posterior deroga la anterior. (MERCK)

- Un decreto (delegación legislativa) no puede modificar un tratado. Las leyes y los tratados tienen igual rango constitucional, rige el ppio de ley posterior deroga ley anterior. (PETROLERA ESSO)

- Violación de un tratado internacional por establecimiento de normas internas que contengan conductas contrarias o por omisión de establecer disposiciones que hagan posible su cumplimiento. Acto complejo federal. Obligación internacional de que los órganos administrativos y jurisdiccionales respeten el tratado. Interpretación del tratado por jurisprudencia de la CIDH, derecho internacionalmente exigible. “En las condiciones que establezca la ley” implica medidas dentro del ordenamiento jurídico, obligación de resultado. Finalidad del derecho. (EKMEKDJIAN).

- Art 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (FIBRACA)

- Gravedad institucional si el Estado incurre en responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones internacionales. Armonía y concordancia (CN y Tratados), juicio del constituyente. Complementariedad. El Congreso debe hacer cumplir en el orden interno la obligación internacional asumida. (MONGES)

- “Condiciones de su vigencia” OC, guía de interpretación. (BRAMAJO)

- Armonía entre dos derechos con igual jerarquía constitucional, correspondencia recíproca. (VS c/ DAM)

- La CS no puede atender una causa en la que para hacer cumplir una sentencia CIDH se violen derechos constitucionales (incluidas CADH) de la otra parte. (RES. 1404/2003)

lunes, 23 de julio de 2007

Apuntes: Locuciones Latinas

Ab absurdo: hasta el absurdo.

Ab aeterno: desde siempre, desde muy antiguo.

Ab antiguo: desde antiguo.

Ab initio: desde el principio.

Ab origine: desde el origen o principio.

Abiurato: perjuicio.

Abrogatio: abrogación.

Accesorium sequitur principale: lo accesorio sigue a lo principal.

A contrariis: por los contrarios (forma de demostrar un argumento por las razones contrarias).

A contrarío sensu: en sentido contrario.

Actio de dolo: acción de dolo.

Actio popularis: acción popular (se dice de aquella reclamación que puede ser exigida por cualquier miembro de una comunidad determinada).

Ad argumentandum tantum: con el solo fin de argumentar.

Ad cautelam: para la cautela.

Ad exemplum: para ejemplo.

Ad extra: hacia afuera.

Ad finem: hasta el fin.

Ad hoc: para esto, para un fin particular.

Ad hominem: contra la persona.

Ad honorem: para calificar una función ejercida sin retribución alguna.

Ad interim: interinamente, provisionalmente.

Ad intra: hacia dentro.

Ad itidicem: ante el juez.

Ad indicia: para el juicio.

Ad libitum: a voluntad, a elección.

Ad literam: al pie de la letra.

Ad perpetuara: perpetuamente, para siempre.

Ad referendum: bajo condición de informar (fórmula de cancillería empleada para expresar que un acto, una decisión, un proyecto, etc., queda subordinado para su validez a la aprobación de otra autoridad o a la ra­tificación correspondiente).

Ad usitm: según costumbre.

Aequitas: equidad, igualdad, proporcionalidad (se dice de la aplicación de la justicia atemperada de los rigo­res del derecho y, también, de los principios que deben guiar la facultad discrecional del juez).

A fortiori: con más fuerza, con mayor razón (forma de argumentación consistente en establecer la verdad de una proposición general para extraer de ella una particular).

Allegans contraria non audiendus est: el que alega lo contrario no debe ser oído (se aplica a aquellas alega­ciones aducidas por un sujeto que, por ser contrarias a su conducta previa o anterior, resultan inadmisibles).

Animus belligerandi: intención de hacer la guerra.

Animus derelinquendi: intención de abandonar algo.

Animus negotiandi: intención de negociar.

Animus occupandi o possidendi: intención de ocupar o poseer una cosa.

Animus posessionis: intención de poseer.

Animus revocandi: intención de revocar.

Animus transferendi: intención de transferir algo.

A posteriori: se dice de lo ocurrido después de un hecho o circunstancia determinada.

A priori: se dice de lo ocurrido antes de un hecho o circunstancia determinada.

A sensu contrario: por el sentido o significación contraria.

Aut dedere aut iudicare: o entregar o juzgar.



Bellum iustum: guerra justa.

Bona fide: de buena fe.



Casus belli: caso de guerra.

Casus foederis: estipulación pactada que debe ser cumplida por las partes.

Circa: cerca, alrededor de.

Comitas gentium: cortesía entre las naciones.

Conditio iuris: condición de derecho.

Conditio sine qua non: condición sin la cual no puede producir efectos un determinado negocio jurídico.

Consensus: consentimiento, acuerdo.

Consensus ad ídem: el consentimiento sobre lo mismo.

Consensus generalis: consentimiento o acuerdo general.

Consensus gentium: acuerdo de las naciones.

Consensus omnium: el consentimiento de todos.

Consuetudo est servando: la costumbre debe ser observada.

Consules electi: cónsules elegidos (título de los cónsules honorarios o no funcionarios).

Cónsules missi: cónsules enviados (título de los cónsules de carrera que sólo desempeñan las funciones con­sulares y no otras actividades).

Contra: contra, al contrario, en sentido opuesto.

Contra legem: contra la ley (se dice de la costumbre establecida o de la decisión adoptada en contra de la ley).

Corpus iuris: cuerpo de Derecho, conjunto de normas.

Corpus iuris gentium: cuerpo o compilación del Derecho de Gentes.

Corpus iuris spatialis: código de Derecho espacial.

Corpus posessionis: cuerpo, objeto de la posesión.



Damnum emergens: daño emergente o producido por el incumplimiento de una obligación.

Debellatio: debelación (aniquilación de un Estado por la fuerza de las armas).

De facto: de hecho.

De iure: de derecho.

De lege lata o Lex lata: la ley o derecho vigente.

De lege ferenda: de acuerdo con la ley que debiera ser aprobada.

Delicta iuris gentium: delitos contra el Derecho de Gentes.

Denegatio iustitiae: denegación de justicia (se dice del delito cometido por el juez o magistrado que no im­parte la justicia según la forma establecida por las leyes).

Desuetudo: desuso.

Dictum: dicho, aforismo, apotegma.

Divortium aquarum: línea que determina las vertientes para fijar los límites entre Estados.

Dominium: dominio, propiedad sobre una cosa.

Do ut des: doy para que des.

Dura lex, sed lex: dura es la ley, pero es la ley.



Eo ípso: por sí mismo.

Erga omnes: con relación a todos.

Ergo: por tanto, pues.

Ex aequo et bono: según lo equitativo y bueno (se dice del arreglo de una disputa basado en la equidad).

Ex auctoritale legis: desde la autoridad de la ley.

Ex composilo: de común acuerdo.

Ex consensu: con la aprobación de la persona a quien se dirige uno o de quien se habla.

Ex debito iustitiae: por deber.

Ex factis oritur ius: de los hechos se origina el derecho.

Ex gratia: por gracia, de favor.

Ex iniuria non oritur ius: de una ilegalidad no se origina un derecho.

Ex iure: de derecho, según derecho; legalmente.

Ex lege: de la ley. según la ley.

Ex more: según costumbre o práctica.

Ex novo: de nuevo.

Ex nunc: desde ahora.

Ex officio: de oficio, por razón del oficio.

Ex post facto: después del hecho.

Ex professo: a propósito.

Ex proprio iure: por derecho propio; sin necesidad de concurso ni voluntad de otro.

Ex tempore: fuera de tiempo.

Ex usu: según costumbre.

Exequatur: autorización dada por el Estado receptor al jefe de una oficina consular para ser admitido al ejer­cicio de sus funciones, y también autorización para la ejecución de una sentencia extranjera.

Expressis verbis: con estas mismas palabras.

Ex situ: desde el sitio.

Ex tunc: desde entonces.



Fictio iuris: ficción jurídica.

Forum prorogatum: fuero ampliado o prolongado (extensión de la jurisdicción de un tribunal, por aceptación expresa o implícita de las partes en el litigio, a determinados casos sobre los que en principio no sería com­petente).



Gratia argumentandi: para argumentar.

Grosso modo: a grandes rasgos.



Hostis: enemigo.

Hostis generis humani: enemigo del género humano, enemigo público.



Imperium: poder supremo, soberanía.

In absentia: en ausencia, por ausencia.

In abstracto: en abstracto.

ln ambiguo: en la duda.

In casu: en el caso, sobre el caso.

In casu consimili: en caso semejante.

In contrahendo (pacto): pacto por contraer, por negociar.

In extenso: en sentido extenso o amplio.

In extremis: en el último momento.

In fine: al final.

In foro domestico: en el fuero interno (de los Estados).

Infra: debajo de, en la parte inferior.

In genere: en general.

In integrum: por entero.

In limite: en el limite.

In pari causa: en igual causa, en caso igual.

In perpetuum: para siempre, a perpetuidad.

In personam: en la persona.

In rem: en el hecho.

In situ: en el sitio.

In spe: en la esperanza.

In statu nascendi: en estado de nacimiento, de formación.

Inter alia: entre otras cosas.

Inter partes: entre las partes.

Inter armas silent leges: entre las armas enmudecen las leyes.

Inter se: entre sí.

Intercessio: mediación o intercesión.

Interposita persona: por persona interpuesta o actuar por medio de otro.

In toto: en todo, totalmente.

Intuitus personae: en consideración a la persona.

Ipso facto: por el mismo hecho.

Ipso iure: por el mismo derecho.

Iura novit curia: la curia, el tribunal conoce las leyes.

Iure gestionis: por derecho de gestión o administración (los actos realizados por el Estado como sujeto privado).

Iure imperii: por derecho de soberanía (los actos realizados por el Estado en el ejercicio de sus facultades so­beranas).

Iure proprio: por derecho propio.

Iuris et de iure: de pleno y absoluto derecho.

Iuris tantum: tan sólo de derecho.

Ius ad bellum: derecho de poder recurrir a la guerra.

Ius ad tractatum: derecho a la conclusión de tratados.

Ius belli: el derecho de la guerra.

Ius civitatis: derecho de los ciudadanos.

Ius cogens: derecho obligatorio y superior a la voluntad de los Estados.

Ius contrahendi: derecho de negociar o pactar.

Ius evocandi: derecho de llamar, de hacer venir.

Ius gentium: Derecho de Gentes (hoy día, sinónimo de Derecho Internacional Público).

Ius in bello: el derecho de la guerra, las leyes y costumbres de la guerra.

Ius legationis: derecho de legación o de envío de embajadores.

Ius non scriptum: derecho no escrito.

Ius omnimodae representationis: derecho de representación general (capacidad del Jefe del Estado para re­presentar a éste en todos los ámbitos).

Ius sanguinis: el derecho de la sangre. Dícese de la nacionalidad y derechos de una persona derivados de los lazos de la sangre.

Ius soli: el derecho del suelo. Dícese de la nacionalidad y derechos de una persona derivados del país en que ha nacido.

Ius standi: derecho de personarse (derecho de acceso ante un órgano jurisdiccional).

Iuxta legem: según la ley.



Lato sensu: en sentido lato, por extensión.

Lex lata: ley hecha.

Lex loci: ley del lugar.

Lex posterior derogat priori: la ley posterior deroga a la anterior.

Lex societatis: el derecho de una sociedad (el derecho aplicable a una sociedad, asociación, etc.).

Lex specialis: ley especial.

Lucrum cessans: lucro cesante (beneficio que deja de obtener una persona a causa del incumplimiento de una obligación por otra).



Mala fides: mala fe.

Manu militari: por fuerza militar.

Mare clausum: mar cerrado, reservado.

Mare liberum: el mar libre.

Máxime: sobre todo.

Modus faciendi: modo de obrar.

Modus operandi: modo de actuar.

Modus vivendi: modo o régimen de vivir (forma provisional de regular las relaciones entre los Estados hasta llegar a suscribir el tratado oportuno).

More maiorum: según costumbre de los antepasados.

More nostro: según nuestra costumbre.

Mores: costumbres.

Motu proprio: por iniciativa propia.

Mutatis mutandis: cambiadas las cosas que se deben cambiar, con los cambios necesarios.



Ne impediatur legatio vel officium: para que no se impida la legación u oficio (se aplica a aquellos casos en que se conceden privilegios e inmunidades a determinadas personas, no a título personal sino para garan­tizar el desempeño eficaz de las funciones que realizan como representantes de los Estados).

Nemo commodum capere potest ex iniuria propria: nadie puede obtener un beneficio de su propia acción legal.

Nemo potest mutare consilium suum in alterius iniuriam: nadie puede convertir su conducta en daño para otro.

Nequáquam: de ningún modo.

Ne varietur: para que nada varíe (se emplea también en algunos documentos diplomáticos para evitar alteraciones en los antecedentes de un caso).

Non bis in idem: no dos veces sobre lo mismo.

Non decet: no conviene.

Non licet: no es lícito.

Non liquet: no juzgar o no pronunciarse el juez sobre un problema tomando como pretexto que falta la ley escrita o el derecho aplicable.

Nullius: de nadie.

Nullum crime, nulla poena sine praevia lege: no hay crimen ni pena sin una ley previa.

Numerus apertus: número abierto.

Numerus clausus: número cerrado.



Obiter dictum: dicho de paso (opinión expresada ocasionalmente en una sentencia que no constituye un ele­mento esencial de la misma).

Onus probandi incumbit actori: la carga de la prueba incumbe al actor (al que alega un hecho o reclama un derecho, le incumbe la obligación de probar su existencia).

Opinio iuris sive necessitatis: convicción de la obligatoriedad jurídica (elemento espiritual de la costumbre o convicción por parte de los sujetos del Derecho Internacional de que una práctica obliga jurídicamente).



Pacta sunt servanda: los pactos deben ser cumplidos.

Pacta tertiis nec nocent nec prosunt: los pactos ni obligan ni benefician a terceros.

Pactum de contrahendo: pacto de abanzar un acuerdo.

Pactum de negotiando: pacto de negociar.

Pactum in favore tertii: pacto en favor de tercero.

Par in parem non habet imperium: nadie tiene potestad sobre su igual.

Passim: por todas partes.

Per consensuin: por consenso.

Per asentía: esencialmente.

Per analogiam: por analogía.

Per naluram: por naturaleza.

Per omnia: por todo.

Per se: por sí, de por sí.

Persona non grata: persona no grata (se aplica a aquellos agentes diplomáticos que se convierten en no de­seables para el Estado receptor).

Placet: place, agrada (término diplomático por el que el Estado receptor manifiesta la aceptación del repre­sentante diplomático propuesto por el Estado acreditante).

Post facto: después del hecho.

Praeter legem: fuera de ley.

Prima facie: a primera vista.

Pro communitate: en favor de la comunidad.

Pro iege: por la ley.

Pro rata parte: proporcionalmente.

Pro tempore: temporalmente.



Quaestio iuris: cuestión de derecho.

Quantum: el cuanto, la cantidad.

Qui tacet consentire videtur si loqui debuissel ac potuisset: el que calla parece que otorga, si debió y pudo hablar.

Quid pro quo: una cosa por otra.

Quorum: de los cuales (voz empleada para indicar el número mínimo de miembros que debe asistir o votar para que una sesión o votación sea válida).



Ratio: razón, proporción, fundamento.

Ratio agetidi: por razón de obrar, de proceder.

Ratio decidendi: razón de decidir.

Ratio essendi: razón de ser.

Ratio inris: razón de derecho.

Ratio legis: por razón de la ley.

Ratio strieta: interpretación estricta.

Ratio summa: razón suprema.

Ratione loci: por razón del lugar.

Ratione materiae: por razón de la materia.

Ratione personae: por razón de la persona.

Ratione temporis: por razón del tiempo.

Rebus sic stantibus: con las cosas tal como están (principio que establece que las obligaciones dimanantes de un tratado sólo obligan a las partes mientras permanecen, al menos en lo esencial, los mismos motivos o circunstancias que estaban presentes al celebrarse el tratado).

Replicatio: réplica.

Rerum perpetuo similiter iudicatarum auctoritas: la autoridad de las cosas juzgadas siempre del mismo modo.

Res communis omnium: cosa común de todos (bien no susceptible de apropiación individual sino que su uso pertenece a todos).

Res extra commercium: algo que está excluido del comercio y de la esfera de las transacciones privadas.

Res ipsa loquitur: la cosa habla por sí misma. Res iudicata: cosa juzgada.

Res Ínter alios acta: un asunto que concierne exclusivamente a las partes implicadas.

Res nullius: cosa de nadie o sin dueño que puede ser apropiada por el primero que la toma o la ocupa.

Responsa prudentium: respuestas de los expertos, de los sabios.

Res publica: cosa pública.

Restitutio in integrum: restitución íntegra o reposición de la cosa a su estado primitivo.

Res transit cum onere suo: la cosa se transmite con su carga.



Secundum legem: según la ley.

Sensu absoluto: en sentido absoluto.

Sensu lato: en sentido amplio.

Sensu stricto: en sentido estricto.

Sic: así, de este modo.

Sic utere tuo ut alienum non laedas: utiliza lo tuyo de tal modo que no perjudiques a lo ajeno.

Sine die: sin día, sin fecha determinada.

Si omnes: si todos (cláusula de los Convenios de La Haya sobre el Derecho de la Guerra que disponía que los Convenios sólo eran aplicables entre las potencias contratantes y únicamente si los beligerantes eran to­dos partes en el Convenio).

Stare decisis: atenerse a lo decidido.

Statu quo: en el estado en que se encuentran las cosas.

Statu quo ante: en el estado en que se encontraban las cosas.

Status: estado, posición, situación jurídica.

Stricto sensu: en sentido estricto.

Sub índice: pendiente de resolución judicial.

Sublata causa, tollitur effectus: suprimida la causa, desaparece el efecto.

Sui generis: de su género, específico, propio.

Summum ius, summa iniuria: el exceso de la interpretación o aplicación formal de la letra del derecho o de la ley puede convertirse en exceso de injusticia.

Supra: más arriba, anteriormente.



Tempus commissi delicti: tiempo de la comisión del delito.

Terminus a quo: punto desde el que.

Terminus ad quem (ante quem): límite antes del cual.

Terminus post quem: término después del cual.

Terra firma: tierra firme.

Terra nullius: tierra de nadie, territorio sin dueño.

Tertium genus: un tercer genero, algo diferente que no encaja en las clasificaciones habituales.

Tolo corde: de buena voluntad.

Totum revolutum: todo confuso.



Ultima ratio: razón última.

Ultra petitum: más allá de lo pedido.

Ultra vires: más allá de sus fuerzas, de sus competencias.

Uno ictu: con un acto, en un momento.

Ut infra: como abajo.

Uti possidetis: como poseéis (fórmula utilizada para indicar que se aceptan como fronteras de un Estado los límites existentes antes de la proclamación de su independencia).

Ut supra: como amba.

Venire contra factum proprium non valet: no es válido reclamar en contra de los actos propios.

Versus: contra.

jueves, 19 de julio de 2007

Cátedras UBA recomendadas - Derecho Internacional Público

A continuación les brindamos una lista de cátedras recomendadas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Las cátedras corresponden a las materias relacionados al Derecho Internacional Público (CPC y CPO). Si deseás incluir alguna que no está en la lista, solo hay que dejarla en los comentarios (con una breve descripción) y la agregaremos a la brevedad.
  • actualizando el listado, en breve

martes, 17 de julio de 2007

Resumen de Fallos: Caso Riveros

Resumen realizado según lo publicado en diferentes medios de información:
  • Con el voto de cuatro de sus siete miembros, el máximo tribunal de la Nación dispuso el viernes 13 de Julio 2007 la nulidad del indulto concedido por el presidente Carlos Menem a un ex integrante del Ejército, Santiago Riveros, acusado de violaciones de los derechos humanos. Tal sentencia abrió la puerta a la anulación de otros indultos con los cuales fueron beneficiados numerosos militares a quienes se acusa de graves delitos cometidos durante el último régimen de facto.
  • Dos jueces de la Corte, Carlos Fayt y Carmen Argibay, votaron en disidencia. Ambos consideraron que la propia Corte, en 1990, se había pronunciado en favor de la legalidad del indulto que había favorecido al ex general Riveros, por lo cual no podía reabrirse este caso, en tanto la cosa juzgada es una garantía constitucional de derechos individuales. Fayt, además, sostuvo que no es posible aplicar retroactivamente la Convención sobre Imprescriptibilidad de Delitos de Lesa Humanidad, aprobada por la Argentina en 1995, para delitos ocurridos mucho tiempo antes.
  • La Constitución nacional no permite que sea aplicada una ley penal posterior al delito para incriminar hechos anteriores a su sanción, al tiempo que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho punible.
  • El más alto tribunal de la Nación ha sostenido que para que un crimen pueda ser considerado como delito de lesa humanidad y, en consecuencia, resulte imprescriptible, tendría que haber existido alguna intervención del Estado. Este criterio restrictivo choca con lo que dispone el Tratado de Roma para la Corte Penal Internacional, que ha establecido que se entenderá como crimen de lesa humanidad cualquiera de una serie de actos cometidos "como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque". Entre tales actos, se menciona la "persecución de un grupo o colectividad, con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos", de conformidad con "la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para promover una política". Es de particular importancia que se habla tanto de un Estado como de una "organización", de lo cual se desprende que para el tribunal internacional es perfectamente factible que organizaciones terroristas sin apoyo estatal puedan cometer delitos de lesa humanidad.
  • El fallo no tiene tanta trascendencia cuantitativa: impacta sobre 32 militares que ya están bajo proceso. La sentencia les da a esos casos un aval jurídico. Pero, desde lo simbólico, el fallo si es muy impactante. Primero, porque no son muchos los países ni los tribunales internacionales que juzgaron hasta el final crimenes de lesa humanidad. Y, segundo, porque la sentencia, implícitamente, determina vencidos (los ex mlitares) y vencedores (los guerrilleros que, aun habiendo matado a inocentes, no serán juzgados porque sus indultos no son anulados). Desde el punto de vista jurídico, sin embargo, el fallo deja serias dudas sobre la conveniencia de menospreciar principios jurídicos fundamentales de Occidente. Fayt y Argibay hacen hincapié, precisamente, en que el derecho prohíbe juzgar a una persona dos veces por el mismo delito.
  • Quedará abierto el camino para anular los indultos a los jefes militares de la última dictadura militar, Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y otros jefes de la represión ilegal.
  • Con este fallo, la Corte cerró un ciclo que inició en 2004, cuando el tribunal -ya con algunos de los jueces designados por el presidente Néstor Kirchner- declaró en el caso del espía chileno Enrique Arancibia Clavel que los crímenes de lesa humanidad no prescriben.

Cátedras UBA recomendadas - Derecho Constitucional / Derechos Humanos / Derecho Internacional Público

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